La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, y la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela Rosa, firmaron un acuerdo interagencial para agilizar y ampliar los servicios dirigidos a la población de adultos mayores víctimas de delitos. La firma de este pacto, que es una respuesta directa al aumento de casos en varias jurisdicciones, se llevó a cabo durante una conferencia de prensa. La alianza integra los esfuerzos de fiscales especializados y la Oficina de Compensación a Víctimas del Departamento de Justicia con el proyecto PROVIEN de la OPPEA, con el objetivo primordial de proteger los derechos de este grupo vulnerable.
Este esfuerzo conjunto surge en un contexto donde el maltrato a los ancianos representa un problema social creciente en Puerto Rico, que requiere una respuesta coordinada del Estado. La iniciativa busca fortalecer la política pública existente para enfrentar este flagelo de manera más eficiente. Como parte de la implementación, se destacarán coordinadores de programas para envejecientes en cuatro fiscalías distritales que han reportado un alza significativa en estos delitos: Bayamón, San Juan, Ponce y Aguadilla.
La medida operativa implica que los coordinadores ofrecerán servicios de apoyo directo dos días a la semana desde las propias sedes de las fiscalías, acercando así la ayuda institucional a las víctimas. Para las demás regiones, se establecerá un mecanismo de coordinación con los técnicos de servicios adscritos a estas cuatro áreas centrales, asegurando que la asistencia pueda extenderse a toda la isla. Se espera que esta estrategia no solo agilice la atención, sino que también sirva como un elemento disuasorio para futuros actos de maltrato.
