El Tribunal Constitucional se negó a conocer el recurso presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vinculado a la normativa y divulgación de encuestas. Tras la negativa, el expediente fue devuelto al tribunal electoral para que asuma la responsabilidad de resolver la controversia relacionada con el control de los procesos electorales y la opinión pública.
Este fallo pone de manifiesto los límites en la jurisdicción del Tribunal Constitucional sobre esta materia específica. Con la devolución del expediente, la obligación recae nuevamente sobre el órgano electoral, el cual había declinado previamente atender la difusión de dichos estudios de opinión pública en el ámbito nacional.
