Una nueva masacre perpetrada en la comuna de Kenscoff, situada en las colinas de las afueras de Puerto Príncipe, ha vuelto a sacudir profundamente a Haití y a colocar en entriche la viabilidad de las elecciones previstas para el próximo mes de diciembre. Según los datos actualizados por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 47 personas fueron asesinadas y otras 22 resultaron heridas durante el brutal ataque a esta comunidad rural, que hasta entonces se consideraba pacífica. La incursión violenta, atribuida a grupos armados, incluyó la ejecución de numerosas personas dentro del recinto de una iglesia que albergaba a un campamento de desplazados.
Este gravísimo episodio de violencia rompió la percepción de una relativa mejora en la seguridad del atribulado país caribeño y puso de manifiesto el control territorial que continúan ejerciendo las bandas criminales. De acuerdo con las cifras recopiladas por las Naciones Unidas, la crisis de violencia generalizada ya había dejado más de 3,000 muertes durante los primeros seis meses del año. La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de sus representantes como Alberto Föhrig, advirtió de manera categórica que el país no cuenta actualmente con las condiciones mínimas indispensables de seguridad para organizar unos comicios creíbles y transparentes.
A pesar del sombrío panorama de inseguridad, el Consejo Electoral Provisional (CEP) ha mantenido firme su postura de avanzar con el calendario oficial. Las autoridades electorales indicaron recientemente que los encuentros sostenidos con diversas organizaciones políticas han permitido disipar las preocupaciones sobre el arranque de la maquinaria de votación. El cronograma establece la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, junto con un referéndum constitucional, para el 13 de diciembre de 2026, mientras que la segunda vuelta y los comicios municipales están fijados para el 21 de febrero de 2027.
Por su parte, la respuesta institucional no se ha hecho esperar ante la indignación social y los reclamos de líderes religiosos como el obispo Pierre-André Dumas, quien cuestionó públicamente al primer ministro sobre la urgencia de proteger la vida humana. El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ordenó una respuesta firme y sin impunidad contra los responsables tras reunirse con la cúpula de seguridad. Asimismo, la Policía Nacional de Haití anunció la apertura de una investigación inmediata, mientras la comunidad internacional observa con cautela si el Estado podrá recuperar el control de las zonas asediadas antes de que la nación acuda a las urnas en busca de recuperar su institucionalidad perdida.
